Se inicia la Tertulia con el tema elegido para este día “Posible Cambio de la Ley Electoral, en cuanto a la elección de Alcalde se refiere”. Las aportaciones más destacadas han sido:
1ª En primer lugar se realiza una breve lectura de la actual Ley Orgánica del Régimen Electoral General, referida a las Elecciones Municipales. En ella se señala que las listas son cerradas y por lo tanto no hay posibilidad de elegir al Alcalde por parte de los ciudadanos; siendo éste elegido por los concejales, bien por los de su propio partido si ha obtenido mayoría absoluta o mediante consenso con otras fuerzas políticas.
2ª Tan sólo en municipios de menos de 250 habitantes se votan listas abiertas, pudiendo el elector marcar a cuatro de los cinco candidatos, si el municipio tiene entre 101 y 250 habitantes y dos de los tres candidatos, si el municipio tiene menos de 101 habitantes.
La Ley Electoral vigente claramente favorece el bipartidismo y por ello los dos grandes partidos argumentan que es la mejor manera de lograr la estabilidad política y social en el país, sea ésta buena o mala.
3ª Desde amplios sectores de la población se viene demandando desde hace tiempo que lo más democrático serían las listas abiertas. También parecería más democrático y racional que el Alcalde no formara parte de partido alguno y que éste teniendo un carácter independiente, de conocida solvencia moral fuese elegido directamente por los electores. De esta manera siempre tendría una función garante para que lo prometido en campaña electoral se cumpliera.
4ª Desde que el PP anunció su intención de modificar la Ley de Reforma Electoral Municipal con el objetivo de que el alcalde salga siempre del partido más votado, el Gobierno ha filtrado a los medios de comunicación varias fórmulas. Si al principio planteaba que sólo fuese necesario sacar un voto más que la segunda fuerza, el rechazo de gran parte de la oposición y la ciudadanía ha hecho al Ejecutivo replantear su modelo.
5ª Las últimas fórmulas planteadas por el PP consisten en que sea necesario tener al menos un 40% de los votos para poder aplicar la fórmula de elección directa de alcalde, o que se decida en una segunda vuelta. Sin embargo, las fuerzas progresistas han puesto el grito en el cielo por los recortes que supondría para el juego democrático y tildan la supuesta reforma de “pucherazo”.
Con la Ley actual, no obstante, parece más representativo de la ciudadanía que se elija al Alcalde mediante mayorías por consenso que no por simple mayoría absoluta.
6ª Fue apenas una semana después de la acampada del 15-M en la Puerta del Sol de Madrid y, desde entonces, la intención de voto para el PP –al igual que la del PSOE– ha caído en picado.
7ª Si el Gobierno llevara a cabo la reforma que amaga, supondría la ruptura de las reglas de juego que han imperado desde 1979. Así, el abanico de formaciones de izquierdas tendría que recurrir a grandes candidaturas unitarias para optar al gobierno de ayuntamientos. Si, como ocurre en otros países europeos, la derecha española estuviese fragmentada en formaciones democristianas, liberales y de extrema derecha, los conservadores tendrían serias dificultades para alzarse con las alcaldías tras la reforma.
8ª En cualquier caso queda claro que en lugar de ir a una reforma más democrática que la actual, reclamada por gran parte de la sociedad, lo que se está tendiendo es a hacerla más injusta, perjudicando a los partidos minoritarios y no dando a cada voto el mismo valor.
9ª El histórico poder municipal del que goza en la actualidad ha sido uno de los pilares que ha sustentado la política de recortes del PP en los últimos tres años. La privatización de servicios públicos como la recogida de basuras o el suministro de agua han sido algunos de los más polémicos. Perder el poder local supondría un revés a la proyección de estas políticas.
10ª No obstante, la reforma podría convertirse en un arma de doble filo si cuajan plataformas unitarias progresistas como Guanyem (Barcelona) o Ganemos (Madrid) y éstas logran dan el sorpasso.
11ª Sin revocatorios a cargos públicos. Además, la reforma del PP va en contra de las demandas de mayor control popular de la actividad de los cargos públicos. A día de hoy, el partido que gana las elecciones tiene un cheque en blanco durante cuatro años, ya que no existe la posibilidad de plantear un revocatorio para expulsar a un cargo público cuando no cumpla con lo prometido en su programa electoral o realice malas prácticas.